Pobreza y discapacidad intelectual en el sistema penal: los invisibles

Resumen

Estudios neurocientíficos realizados en las últimas décadas muestran las consecuencias negativas de la pobreza en el desarrollo cognitivo durante la infancia. Los factores ambientales, como la privación material, las situaciones de estrés, la violencia, la malnutrición, la exposición a tóxicos ambientales impactan negativamente en la estructura y función del cerebro desde etapas prenatales y sus consecuencias pueden permanecer estables a lo largo de todo el ciclo vital sino se realizan intervenciones tempranas. Se encuentran descriptas modificaciones en el volumen y función de la corteza prefrontal, hipocampo, amígdala, región tempero-occipital izquierda, que se correlacionan con menores desempeños en tareas de funciones ejecutivas, regulación del estrés, expresión y regulación emocional y lenguaje en niños que se encuentran en situación de pobreza. Estudios internacionales muestran un crecimiento de la población con discapacidad intelectual en el ámbito penitenciario en los últimos años. Sin embargo, en el sistema penal, las personas con discapacidad intelectual leve sufren un proceso de normalización. La falta de acceso a un diagnóstico adecuado opera como una omisión de este colectivo vulnerable y minoritario, y a partir de ello el Estado le priva del acceso a sistemas de apoyo y contención específicos consagrados en el pactos internacionales de derechos humanos. Asimismo el abandono, la discriminación, la falta de acceso a una salud integral y a intervenciones sociales adecuadas se profundizan mucho más en la prisión. Es por ello que desde una perspectiva actual de derechos humanos una persona con discapacidad que se encuentra privada de libertad constituye un sujeto doblemente vulnerable.